ÚLTIMA HORA: El New Mexico Health Department propone eliminar el examen presencial y la autorización del arrendador tras protestas públicas
La carta de respuesta a los comentarios públicos, tras una fuerte oposición, también confirma que la microdosificación está permitida en los lugares aprobados
Jack Gorsline ·

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Santa Fe, NM
Fuente: TourismNM.Com
SANTA FE, N.M. — Tras una fuerte oposición de defensores psicodélicos de base y de legisladores estatales por igual, el New Mexico Department of Health (Departamento de Salud de Nuevo México) anunció planes para eliminar dos disposiciones polémicas de sus propuestas de normas sobre psilocybin medicinal: una revisión médica presencial obligatoria con un clínico certificador independiente y el requisito de aprobación del arrendador en los lugares de tratamiento. Según se detalla en una respuesta del 9 de noviembre a los comentarios públicos sobre el proyecto de norma 7.35.3 NMAC, estas actualizaciones son enmiendas propuestas y no reglamentos definitivos.
El cambio del estado responde a lo que los funcionarios describieron como un "volumen sustancial de comentarios", que expresaron la preocupación de que el borrador inicial representaría una carga para los residentes rurales, los veteranos militares, los pacientes al final de la vida y las personas que viven en viviendas con asistencia federal. Expuesta en una carta de 10 páginas del subconsejero general Christopher D. Woodward al oficial de audiencias del proceso normativo, Craig Erickson, de Utton & Kery, P.A., la propuesta también acorta los plazos de inscripción de pacientes, flexibiliza los requisitos de personal para las sesiones grupales y aclara que la microdosificación no está prohibida en los lugares aprobados. El departamento también afirma que no tiene la intención de cobrar tarifas por permisos, certificados ni solicitudes.
Según el texto original, los pacientes debían someterse a un examen presencial en los seis meses anteriores, realizado por un clínico certificador distinto con registro de sustancias controladas de Nuevo México. Quienes presentaron comentarios argumentaron que este requisito representaba una carga para los pacientes rurales, elevaba los costos y no tenía en cuenta a los pacientes al final de la vida, y que crearía mayores obstáculos para los veteranos atendidos dentro del sistema del Department of Veterans Affairs (Departamento de Asuntos de Veteranos), cuyos proveedores, como empleados federales, tienen prohibido certificar a pacientes para psilocybin, una droga de la Lista I (Schedule I) según la ley federal.
Para responder a estas preocupaciones, los funcionarios de salud planean eliminar por completo la figura del clínico certificador distinto, el requisito del examen presencial de seis meses y el requisito de registro de sustancias controladas. En su lugar, los profesionales tratantes gestionarán el ingreso al programa al encargarse directamente de la evaluación de pacientes, las derivaciones y las certificaciones. Aunque la Medical Psilocybin Act (NMSA 1978, Sección 26-2D-3(H)) define a un paciente calificado como aquel a quien su clínico ha considerado un candidato médicamente apropiado, el departamento señaló que los profesionales tratantes son un tipo de clínico certificado por el departamento, por lo que la certificación del profesional tratante cumple ese requisito legal.
Según la sección 8(B) actualizada, los profesionales tratantes deben certificar que completaron una herramienta de evaluación obligatoria del departamento. Deben derivar al paciente a un proveedor médico si la evaluación indica riesgos médicos, si el paciente no ha visto a un proveedor médico en los 12 meses anteriores o a criterio del propio profesional tratante. La norma enumerará afecciones y tratamientos contraindicados, entre ellos enfermedad cardiovascular, trastorno convulsivo o antecedentes de convulsiones, traumatismo craneal moderado o más grave, hipertensión, antecedentes de accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular, asma o EPOC, diabetes, psicosis o enfermedades con riesgo de psicosis (incluido el trastorno bipolar), interacciones con medicamentos como lithium y los fármacos serotoninérgicos, antecedentes de intento de suicidio o de pensamientos de hacerse daño a sí mismo o a otros, y el uso de dispositivos médicos como bombas de insulina y marcapasos. Los profesionales tratantes también deben certificar que los beneficios de psilocybin probablemente superan sus riesgos para la salud del paciente, y que cualquier riesgo médico identificado puede abordarse adecuadamente durante el tratamiento o está cubierto por un plan escrito. "Esto eliminará en la práctica el requisito de que todos los exámenes sean presenciales. Este proceso de evaluación será más específico para cada persona y debería ser menos oneroso para los pacientes del programa", escribió Woodward.
Defensores legales señalaron que la disposición de Nuevo México a ajustar sus normas contrasta marcadamente con la implementación regulatoria en Oregón, donde las rígidas restricciones sobre los lugares de tratamiento han dado lugar a litigios federales por discriminación por discapacidad.
"Es muy positivo ver la capacidad de respuesta del NM Dept. of Health en el proceso normativo en NM; esto contrasta marcadamente con la forma en que Oregón no respondió a los comentarios públicos en su proceso normativo", dijo Kathryn Tucker, directora de incidencia de la National Psychedelics Association. "Por ejemplo, pese a haber sido alertada de que la restricción de los Service Centers (centros de servicio) en la ley de Oregón funcionaría como una barrera insuperable de acceso para los habitantes de Oregón con discapacidad confinados en sus hogares y para los moribundos, la OHA procedió a adoptar normas que incorporan esta discriminación al programa. Esto ha obligado a facilitadores con un interés especial y experiencia en la atención de estos consumidores a recurrir al tribunal federal en busca de reparación. Ayer se escucharon los alegatos en este caso, Cusker v. OHA, en el que el tribunal pareció (con razón) preocupado por la aparente violación de la ADA, una ley histórica de libertades civiles que garantiza que ningún gobierno estatal o local pueda operar un programa sin garantizar el acceso de las personas con discapacidad. Esperamos una resolución clara del tribunal pronto."
La agencia también tiene la intención de suprimir las disposiciones de las secciones 11(A) y (B) que habrían exigido a los centros de sanación (healing centers) y otros lugares aprobados obtener una declaración del arrendador o propietario del inmueble. Según el nuevo borrador, los solicitantes solo deben certificar que son propietarios del inmueble o que conocen el riesgo legal relacionado con el inmueble. Los pacientes, por su parte, deben certificar que se les ha informado de la situación legal de psilocybin como droga de la Lista I federal y de las posibles consecuencias de su uso, que según señaló el departamento pueden incluir, en algunas circunstancias, el decomiso de bienes.
"Al adoptar estas disposiciones, el Departamento busca garantizar que los solicitantes de centros de sanación y otros lugares aprobados, así como los pacientes, puedan tomar decisiones informadas", afirmó Woodward en la carta del 9 de noviembre. Los funcionarios del departamento señalaron que eliminar el requisito de consentimiento del arrendador significa que las preocupaciones públicas sobre posibles conflictos con Section 8 y otros programas de vivienda con asistencia federal "quedan efectivamente resueltas".
Para agilizar el acceso, el departamento propone reducir el plazo máximo de tramitación de la sección 8(C) de 30 días calendario a 10 días hábiles. La revisión sustituye las referencias a "solicitante" por "paciente" y añade texto que aclara que se trata de un proceso de inscripción y no de un proceso de solicitud más complejo. "El proceso de inscripción de pacientes no pretende ser un proceso complejo, y no exige que el Departamento tome decisiones clínicas sobre pacientes individuales ni que recopile historiales clínicos detallados", señala la carta.
En cuanto a la asequibilidad, una preocupación central desde que el estado financió un Medical Psilocybin Treatment Equity Fund (Fondo de Equidad para el Tratamiento con Psilocybin Medicinal) para pacientes de bajos ingresos, la carta afirma que el departamento "no tiene la intención de cobrar tarifas por permisos, certificados ni solicitudes", lo que, según indica, debería ayudar a aliviar los costos para las personas y entidades con permiso y certificación. El departamento añadió que no puede evaluar plenamente el costo y la asequibilidad hasta que se sepa más sobre lo que cobrarán los proveedores, y que carece de autoridad para restringir o fijar los honorarios de los profesionales tratantes. En respuesta a quienes pidieron una vía separada de microdosificación de bajo costo, el departamento se negó a crearla, pero aclaró que el marco existente ya admite dosis bajas. "La microdosificación no está prohibida por el marco existente cuando el profesional tratante y el paciente acuerdan usar dosis bajas, siempre que la administración se realice en los lugares aprobados, como exige la ley", explicó Woodward.
Para ayudar a reducir aún más los costos del tratamiento, el departamento propuso actualizar las proporciones de administración grupal para permitir un profesional tratante por cada nueve pacientes, apoyado por al menos un profesional tratante, facilitador o estudiante calificado adicional por cada tres pacientes; el profesional tratante solo tendría que estar en el edificio, a una distancia que permita llamarlo en caso de emergencia, en lugar de en la sala de la sesión. Las sesiones individuales requerirán un profesional tratante más un profesional tratante o facilitador adicional. Sin embargo, los reguladores se negaron a permitir la integración vertical del cultivo y la administración, citando posibles conflictos de interés y argumentando que podría elevar los costos de producción en todo el estado y la carga de supervisión del departamento. "Si bien el Departamento no propone adoptar todas las modificaciones sugeridas en los comentarios públicos, la profundidad y amplitud de los comentarios recibidos han dado lugar a varias revisiones sustanciales", concluyó Woodward.
"Nuevo México está mostrando cómo el gobierno, los expertos en salud y los actores comunitarios pueden construir algo juntos", dijo Denali Wilson, responsable de la dirección de apoyo estratégico para Nuevo México de Healing Advocacy. "Una gran variedad de líderes de la salud conductual, la medicina psicodélica y las comunidades de pacientes y de incidencia aportaron su opinión para ayudar a convertir los proyectos de norma en versiones finales que cumplan nuestros objetivos compartidos de seguridad, accesibilidad y calidad de la atención. Agradecemos el compromiso del Departamento con ese proceso colaborativo y confiamos en que una colaboración continua ayudará a Nuevo México a construir un programa equitativo y de alta calidad para las personas que cuentan con él."
Para los veteranos y los organizadores de base, las revisiones validan meses de presión pública sostenida.
"Para esto sirven los comentarios públicos. Los habitantes de Nuevo México se presentaron, escribieron y siguieron abogando mes tras mes”, dijo Chris Peskuski, veterano del Cuerpo de Marines en Albuquerque, embajador de Heroic Hearts Project y facilitador de pares en el estudio de psilocybin para el TEPT de la University of New Mexico.
“Estoy orgulloso de mis compañeros defensores que se mantuvieron firmes y dieron la cara luchando por un programa seguro y accesible.”
Nota del editor: Esta es una noticia en desarrollo. Mantente atento a Psychedelic State(s) of America para ver, más adelante esta semana, entrevistas exclusivas con los defensores y legisladores de Nuevo México que impulsaron el proceso de reforma del diseño regulatorio. Para contexto, lee la cobertura de PSA sobre el lanzamiento acelerado del programa y la audiencia normativa del 2 de octubre.
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